Con esta propuesta, se complementa la reforma constitucional para prevenir y combatir este delito que afecta gravemente a los mexicanos
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes el envío al Congreso de la Unión de una iniciativa de reformas a leyes secundarias con el objetivo de que el delito de extorsión sea perseguido de oficio en todas las entidades federativas y a nivel federal.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que esta propuesta complementa la reforma constitucional para prevenir y combatir la extorsión, y busca fortalecer el marco legal con medidas concretas que permitan actuar sin necesidad de una denuncia formal.
“Queremos garantizar que ninguna víctima se quede sin justicia por miedo o falta de protección”, afirmó la mandataria.
ENTRE 6 Y 15 AÑOS DE PRISIÓN POR EL DELITO DE EXTORSIÓN EN MÉXICO
Los detalles fueron presentados por la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, quien informó que las penas por extorsión irían de seis a quince años de prisión, con posibilidad de aumento en casos agravados, como cobro de piso, participación de migrantes o menores de edad, involucramiento de servidores públicos, o cuando el delito se cometa desde un centro penitenciario.
Godoy explicó que la iniciativa busca unificar el tipo penal y las sanciones en todo el país, así como establecer una coordinación efectiva entre las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la aplicación uniforme de la ley.
“La iniciativa de ley comprende, sustantivamente, la coordinación entre autoridades, un tipo penal básico y todas las previsiones necesarias para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal”, puntualizó.
REFORMA DE LEY PARA AUMENTAR LAS SANCIONES POR EXTORSIÓN
Asimismo, la propuesta contempla modificaciones al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, con el propósito de fortalecer las herramientas legales del Estado para enfrentar uno de los delitos que más afecta a comerciantes, empresarios y ciudadanos en general.
Con esta iniciativa, el gobierno federal busca cerrar espacios a la impunidad y mejorar la capacidad institucional para investigar y sancionar la extorsión en todas sus formas.
fuente: diario del yaqui
