La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para limitar las pensiones de confianza que superen el 50% del salario presidencial, afectando a exfuncionarios de empresas paraestatales y dependencias.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este miércoles 18 de febrero una iniciativa de reforma constitucional orientada a eliminar las “pensiones doradas” de exfuncionarios de alto nivel.
La propuesta establece que, a partir de su entrada en vigor, ninguna pensión de extrabajadores de confianza podrá exceder el 50 por ciento de la remuneración neta que perciba la titular del Ejecutivo federal.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria aclaró que esta medida no afectará a trabajadores bajo contratos colectivos, sino exclusivamente a los mandos de confianza en empresas paraestatales, órganos descentralizados y dependencias gubernamentales.
“Lo que ganaron antes no se puede mover, pero a partir de ahora no se puede seguir pagando un millón de pesos mensuales o 300 mil pesos”, enfatizó Sheinbaum.
Diagnóstico de las pensiones de privilegio
La secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción, Raquel Buenrostro, detalló la carga financiera que representan actualmente estos regímenes de confianza para el erario público:
CFE: Cuenta con 54 mil jubilados de confianza, costando 41 mil millones de pesos anuales; existen 2,199 personas con pensiones de hasta 4.4 millones de pesos netos.
Luz y Fuerza del Centro: Representa 28 mil millones de pesos anuales para 14 mil extrabajadores; el 67 por ciento percibe entre 100 mil y un millón de pesos.
Pemex: Tiene 22 mil 316 jubilados; 544 personas reciben hasta 1.8 millones de pesos por año.
Banca de Desarrollo: En instituciones como Banobras, Nafin y Bancomext, se detectaron decenas de exfuncionarios que perciben ingresos superiores a los de la actual Presidenta.
Ruta legislativa y ahorro proyectado
La consejera jurídica, Estela Damián, informó que la iniciativa será enviada al Senado de la República para reformar el artículo 127 constitucional.
El objetivo es fijar un límite infranqueable a las remuneraciones y jubilaciones de la alta burocracia.
Se estima que la implementación de este tope generará un ahorro directo de 5 mil millones de pesos anuales.
Estos recursos, según confirmó la mandataria, serán reasignados íntegramente al financiamiento de programas de bienestar y justicia social.
Fuente: Expreso
