Alfonso Durazo asistió a la mañanera este lunes para celebrar la “reconciliación histórica” de dos de los conflictos sociales más prolongados y emblemáticos del estado de Sonora:la huelga minera de la Sección 65 de Cananea y la contaminación del Río Sonora.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador explicó que ambos conflictos permanecieron abiertos durante 18 y 11 años, respectivamente, sin atención efectiva por parte de gobiernos anteriores. De acuerdo con Durazo, su cierre representa un hecho histórico para Sonora y para el país.
Fin de la huelga minera en Cananea
El acuerdo pone fin definitivo a la huelga de la Sección 65 mediante la liquidación correspondiente a más de 651 mineros. Con ello, Cananea deja de ser un símbolo de conflicto laboral activo y se convierte en un caso cerrado por la vía legal y social.
“El conflicto le envenenó el alma a Cananea. Hoy vuelve a hablarle a México, no desde la confrontación, sino desde la reconciliación histórica”, expresó el gobernador durante su intervención.
Durazo reconoció la lucha sostenida de los ex trabajadores, sus familias, viudas y liderazgos sindicales, así como del Sindicato Nacional de Mineros, quienes mantuvieron la demanda pese al paso del tiempo y las adversidades.
Justicia ambiental para el Río Sonora
En el caso del Río Sonora, el acuerdo reconoce a las comunidades afectadas como sujetas de justicia ambiental, no únicamente como beneficiarias de apoyos asistenciales. Durazo destacó que las comunidades mantuvieron su exigencia durante 11 años, defendiendo el derecho a un medio ambiente sano y a la salud de sus habitantes. El plan contempla acciones en materia de agua, salud y remediación del suelo.
Como parte del acuerdo, Grupo México aportará mil 500 millones de pesos al Gobierno Federal, que será el encargado de ejecutar el Plan de Justicia para Cananea y el Río Sonora. A esta cantidad se sumarán recursos del Gobierno de México y del Gobierno de Sonora para alcanzar una inversión total de 2 mil 222 millones de pesos. El gobernador reconoció la disposición de la empresa para contribuir a la solución del conflicto mediante un convenio de colaboración.
La resolución fue resultado de un proceso de diálogo y negociación encabezado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría del Trabajo.
Durazo subrayó que el cierre de estos conflictos repara agravios acumulados por generaciones y evita su reproducción social, económica y política en el territorio. “Los conflictos sociales que se prolongan no se extinguen, se acumulan en la memoria colectiva y solo se cierran cuando el Estado actúa con sensibilidad, legalidad y responsabilidad”, afirmó.
Finalmente, señaló que este acuerdo envía un mensaje de esperanza al país al demostrar que incluso los conflictos más complejos pueden resolverse mediante voluntad política, diálogo y sentido social.
Fuente: Expreso.
